12 de abril de 2006
La semana pasada, dos asaltos de características similares afectaron a un igual número de familias de Jardín del Mar, generando gran conmoción pública. En ambas visitas non gratas, perpetradas por varios sujetos, los vecinos tuvieron un rol fundamental a la hora de denunciar los hechos. Es este rol que le corresponde asumir a la comunidad, el que parece ser una herramienta fundamental para detener la delincuencia en un país en que todavía no existen medidas estructurales para frenar el avance de una violencia que tiene una serie de elementos que se deben combatir desde los distintos frentes.
Esta situación, que demuestra que éste no es un invento de los medios de comunicación ni de la oposición, debe ser un tema prioritario precisamente por ser un problema cotidiano y palpable. Recordemos que sólo en el período 1997–2003 las denuncias por delitos de mayor connotación social aumentaron en más de un 100%. Las cosas no han mejorado desde entonces a la fecha.
Dado que los Gobiernos de la Concertación subestimaron durante muchos años la real magnitud del problema, durante la última campaña presidencial todos los candidatos –incluida la hoy Presidenta Bachelet- coincidieron en que se deben tomar medidas urgentes para detener un fenómeno que erosiona las bases de una sociedad. La tendencia a vivir armados y encerrados en las propias casas se opone a la palabra socialización, que tiene que ver con convivencia, interacción, entendimiento y respeto por el otro. La delincuencia no permite aquello e impone la lógica de la desconfianza y la ley de la selva.
Una de las situaciones que nos ha llevado a este punto es que, independiente de sus virtudes, la Reforma Procesal Penal no abordó en forma eficaz el sistema de penas asociado a los principales delitos, instrumento fundamental en materia de disuasión para los delincuentes. Por otra parte, si Chile no cuenta con la infraestructura carcelaria necesaria para hacerse cargo de quienes constituyen un peligro para la sociedad, será muy difícil combatir en forma seria este fenómeno. Si a esto sumamos la insuficiencia de personal policial, el escenario está dado y no es precisamente positivo para la comunidad.
El año pasado, la Fundación Paz Ciudadana subrayó la necesidad de asignar un papel prioritario a lo preventivo y precisó 7 acciones que técnicamente más urgentes: rehabilitación de drogodependientes infractores de ley; apoyo familiar y pospenitenciario a personas prontas a salir en libertad; atención integral a menores de edad ingresados por Carabineros; prevención escolar de violencia; reforma a la justicia juvenil; estrategias específicas de persecución penal focalizadas; e interrupción de la comercialización de especies robadas.
Es urgente implementar políticas concretas para superar los conflictos asociados a este problema que daña gravemente la calidad de vida de los chilenos. Sucede que si cuesta vivir tranquilo sabiendo que se puede caer en manos de antisociales en la vía pública, aquello es mucho más difícil si ni siquiera la propia casa nos resguarda.
Diputado Francisco Chahuán
|