23 de septiembre de 2006
Desarrollo y seguridad ciudadana
Si bien la aprobación al Gobierno de la Presidenta Bachelet mejoró levemente respecto de la medición realizada en julio por Adimark, bien vale detenerse en cada una de las áreas evaluadas. Esto, porque si analizamos por partes, se aprecia que la que recibe mejor nota es Relaciones Internacionales, mientras que las peores calificaciones se las lleva lo realizado en materia de empleo y la delincuencia. El dato no es menor, pues es bien sabido que son precisamente esos asuntos los que más preocupan a los chilenos.
Tras 6 meses de gestión, el Gobierno empieza a sentir los efectos de haber hecho promesas a diestra y siniestra, pues la ciudadanía está exigiendo respuestas que no llegan. La postergación de la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y la negativa a la demanda del puente sobre el Canal de Chacao –que se aseguró durante la campaña presidencial- son dos ejemplos concretos de aquello. Las nuevas protestas de los estudiantes y los paros de los funcionarios de la Salud y de los profesores, también.
Quiero detenerme en el tema de la delincuencia. Hay quienes insisten en que, más que real, la inseguridad ciudadana tiene que ver con la sobreexposición de dicha materia en los medios de comunicación. Creo que esa es una manera facilista de enfrentar el fenómeno y no ayuda a combatirlo con seriedad. Algunos opinan que Chile ha vivido durante la última década un proceso similar al que afectó a Estados Unidos en los años 60 y que se replicó en otros países desarrollados: un aumento explosivo de la delincuencia, en el marco del enriquecimiento del país. Esto tiene que ver con el rompimiento de lazos comunitarios y familiares, el individualismo, la exclusión y la drogadicción, entre otros factores.
La seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. Enfrentar la violencia y la inseguridad, por tanto, es manifestar la voluntad política de poner fin o reducir los índices de violencia. Para lograrlo, hay que diseñar y poner en marcha una política pública integral que desarrolle acciones enmarcadas en un amplio espectro, que va desde el nivel preventivo hasta los niveles legítimos de coerción de un Estado democrático de Derecho.
La seguridad humana, concepto que incorporó el PNUD en 1994, está relacionada directamente con el respeto por la vida y la dignidad, e incluye la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política. La seguridad ciudadana es una parte vital de la seguridad humana y se refiere a un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violencia y permite la convivencia segura y pacífica. Por tanto, no puede haber desarrollo humano sin seguridad o, dicho de otra forma, las políticas de desarrollo pueden fracasar a consecuencia de la inseguridad y la violencia.
Diputado Francisco Chahuán
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