3 de octubre de 2007
Violencia y derecho a expresarse
En marzo de este año, la Presidenta Michelle Bachelet dijo que "el vandalismo debe ser sancionado y no puede seguir existiendo". Así condenaba los incidentes registrados durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente, que terminó con más de 600 detenidos por los desmanes. Sin embargo, hace muy poco, fuimos testigos de hechos similares en la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores.
Lamentablemente, la jornada del pasado martes tampoco fue precisamente tranquila. Un carabinero muerto y decenas de heridos, barricadas, quema de neumáticos y disparos al aire, se sumaron a cortes de luz que afectaron a más de 105 mil personas de la capital, producto de los actos de violencia donde 62 menores de edad resultaron aprehendidos.
El Ministro del Interior, Belisario Velasco, atribuyó los hechos al lumpen y vándalos que se infiltraron en las manifestaciones que tuvieron lugar esa noche en la periferia de Santiago. Lo cierto es que nuestro país hoy debe lamentar la muerte de otro hombre que ha dejado a una familia y una Institución herida en lo más profundo. Nadie puede justificar este tipo de situación, que motivó que el gobierno convocara a una Cumbre de seguridad. La instancia fue solicitada por la Presidenta Bachelet, para analizar cómo enfrentarán en términos jurídicos a quienes fueron detenidos por el uso de armas y por la violencia que suscitaron.
Nadie cuestiona el derecho a expresarse de la sociedad, pero vale la pena reiterar que ese derecho es tal en la medida que se ejerza en forma pacífica y civilizada. Cualquier otra cosa es un atentado a la seguridad, integridad y libertad de los otros.
Si hubo delincuentes, por lo demás, habría que saber por qué ellos estaban libres y no tras las rejas, como corresponde. Y también vale preguntarse cómo, ante eventos medianamente previsibles, la inteligencia del Estado no es capaz de prevenir. La violencia de esta naturaleza es clara y visible, por lo que debiera poder detectarse y combatirse.
Los hechos lamentables y deplorables ocurridos la noche del 11 de septiembre deben ser asumidos por sus responsables. Es que, tal como dijo el general director de policía uniformada, José Alejandro Bernales, "matar a un carabinero en este país, es matar el derecho, es matar el país y eso es lo que hicieron anoche".
Quien quiere manifestarse en Chile tiene todo el derecho a hacerlo y cuenta con el permiso de las autoridades, pero lo que ocurrió en la conmemoración de los 34 años del pronunciamiento militar, es inaceptable, sobre todo por la cantidad de menores de edad y armas involucrados.
Si realmente la Presidenta de la República quiere terminar con el vandalismo, debe dar urgencia a la serie de proyectos de seguridad impulsados hace más de un año por la Alianza por Chile. Sólo de esa manera, los delincuentes que salen a destruir y a hacer daño van a estar en la cárcel cuando quienes efectivamente tienen algo que decir, salgan a manifestarse en forma pacífica.
Diputado Francisco Chahuán
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