Los senadores Hernán Larraín y Francisco Chahuán destacaron que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, haya acogido el planteamiento de representantes de quienes en 1973 realizaban el servicio militar pues, a su juicio, “es importante reparar la violación de los derechos fundamentales de ese grupo importante de ex conscriptos y existe un compromiso del Presidente Piñera sobre el particular, suscrito en campaña y ratificado posteriormente”.

Chahuán explicó que se trata de una “lucha iniciada en 2006, cuando presentamos un proyecto de acuerdo para solicitar una forma de reparación económica a los conscriptos de las Fuerzas Armadas que se encontraban cumpliendo su Servicio Militar Obligatorio el 11 de septiembre de 1973 y que, por las disposiciones legales vigentes en la época, debieron hasta duplicar su periodo de conscripción primitiva.”

La iniciativa precisaba que dichos casos fueron remunerados con un sueldo mínimo y sin cotizaciones previsionales, lo que trajo como consecuencia que muchos sufrieran un grave daño previsional, además de la obligación de pertenecer a las ramas de la Defensa Nacional, pues recurrir a otra alternativa habría sido un delito.  Vale señalar que posteriormente se incluyó en la demanda a todos aquellos que realizaron su servicio hasta 1990.

Chahuán explicó que “hemos solicitado evaluar la posibilidad de abrir un proceso similar al de la Comisión Rettig para los efectos de poder acreditar dichas situaciones y lo que ellos han pedido es salvar las lagunas previsionales y los temas que dicen relación con la atención en salud a través de la tarjeta PRAIS”.  Precisó que algunas de las posibilidades planteadas “ni siquiera involucran costo para el Estado y por lo mismo creemos que es de toda justicia que el gobierno del Presidente Piñera cumpla la palabra empeñada y suba la cifra que se ha puesto sobre la mesa.”

El senador Larraín, en tanto, aseguró que se trató de “una reunión positiva, en el sentido que por primera vez el ministro del Interior ha puesto cifras en la mesa tanto de recursos que eventualmente estarían disponibles, como del número de personas beneficiadas”, lamentando, eso sí “que ambas cifras son insuficientes”, por lo que solicitaron una segunda evaluación de la situación.

Ambos parlamentarios manifestaron que “debe hacerse un esfuerzo muy superior”.  Precisaron que “las cifras serían del orden de los 40 millones de dólares, que estarían beneficiando a aproximadamente a  30 mil soldados conscriptos, de un universo total de 391 mil soldados conscriptos en el periodo 1973 y 1990, lo que dista de satisfacer una parte mínima de lo que en forma ética correspondería pagar por la situaciones que afectaron a los ex conscriptos en ese periodo.”