Senador Francisco Chahuán

 

Siguiendo con los embates ideológicos del gobierno, la titular de FONASA, Jeanette Vega, señaló que “el 7% no es propiedad de las personas, sino un impuesto específico a la seguridad social y debe ser tratado como tal”. Esta es una muestra más de la concepción con la cual se están enfrentando en nuestro país los principales temas que afectan a las personas.

Al igual que en otros sectores de la vida nacional, se pretende aumentar la presencia del Estado mediante el desplazamiento de las soluciones privadas, que tienen como objeto suplir precisamente las incapacidades que los órganos públicos poseen para cumplir con sus objetivos (en este caso, atender a los chilenos y chilenas que lo necesitan).

Más paradojal aún resultó dicha declaración, al ser vertida cuando el paro en el Hospital Salvador -uno de los más importantes de la Región Metropolitana – se prolongaba durante más de tres semanas, obligando a suspender al menos diez mil atenciones y reprogramar 800 cirugías.

Esta discusión se genera a la par de serias intenciones de modificar el sistema privado de salud, donde el marco jurídico de las isapres se verá enfrentado a una revisión profunda.  Esto, a raíz de la poca diligencia del Ministerio de Salud para interiorizarse de los acuerdos a los que habíamos llegado en la Comisión sectorial del Senado para dotar de mayor transparencia y competencia a dicho mercado y establecer un Plan Garantizado de Salud.

Pareciera que la autoridad política busca desplazar la participación privada en salud para acrecentar la relevancia del Estado en esta actividad, con el argumento de redistribuir de manera solidaria los fondos destinados por cada persona a esta materia. Es decir, una vez más nos vemos enfrentados a la tentación de nivelar hacia abajo.

Además, la autoridad parece confundir la propiedad de dicho 7%, asumiendo esto como algo que es del Estado y no del trabajador. Esto no es un asunto banal, sino un elemento conceptual muy profundo, ya que por una parte -como ella señala- sería un impuesto a beneficio del Estado y, por otro, un ingreso del trabajador del cual puede disponer.

Para tal cambio se requiere una propuesta formal que sea discutida en el Congreso Nacional y serán los parlamentarios quienes tendrán la responsabilidad de decidir cuánto espacio dejan para que las personas puedan disponer de sus recursos o, mejor aún, qué requisitos deberán cumplir los servicios de salud para que una iniciativa de esta envergadura se transforme en ley.

Esto no es un problema menor: la ciudadanía está empoderada y sabe de lo que está hablando.  Hoy esa enorme clase media que ha surgido junto con el país en estas tres últimas décadas tiene muy claras sus aspiraciones y no está dispuesta a dejarse arrastrar por consignas cortoplacistas que, a la larga, tendrá que pagar con más costos que beneficios.