· Parlamentario dijo que fallo Tercera Sala del Corte Suprema que reconoce el “derecho al olvido” y ordena la eliminación de un enlace que atenta a “la honra y una adecuada reinserción social” de un particular, revela necesidad de regular un tema que ya ha sido ampliamente abordado en Europa y países como Argentina, México y Rusia.

El senador Francisco Chahuán calificó como un “adelanto” el hecho de que la Corte Suprema acogiera la solicitud de un particular de eliminar de los motores de búsqueda en internet información referida a hechos ocurridos hace más de 10 años y manifestó la necesidad de agilizar la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho al olvido “porque el nuevo escenario genera una serie situaciones que requieren de soluciones legislativas”.

El parlamentario dijo que la Tercera Sala del máximo tribunal emitió un fallo en el que se ordena la eliminación, en las páginas de resultados de los buscadores de Internet, de un enlace a una noticia cuya información se refiere a hechos ocurridos hace más de 10 años, considerando que ésta afecta “su derecho a la honra y una adecuada reinserción social después de cumplida la pena del delito”.

Chahuán afirmó que el mismo fallo reconoce que en nuestro ordenamiento jurídico nacional no existe una solución legislativa expresa sobre este tema y en ese contexto expresó la necesidad de apurar la discusión del proyecto, presentado en junio de 2014, que modifica el artículo 13 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para establecer el “derecho al olvido” de los datos personales almacenados en motores de búsqueda y sitios web. En su artículo único, la moción sostiene que “toda persona tiene derecho a exigir de los motores de búsqueda o sitios web la eliminación de sus datos personales. La falta de pronunciamiento sobre la solicitud del requirente o denegación de la misma por parte del responsable de dichos motores de búsqueda o sitios web, le dará derecho al titular a ejercer el recurso contemplado en el artículo 16”.

El senador dijo que “es un adelanto que, ante la ausencia de legislación, la Corte se pronuncie sobre este tema mediante un fallo, pues se trata de un asunto ampliamente abordado en Europa y países latinoamericanos como México y Argentina y es necesario regular que las personas tengan la posibilidad de pedir, una vez transcurrido un período de tiempo -o bien cuando se establezcan informaciones falsas o poco fidedignas- que los servidores y motores de búsqueda eliminen dicha información.”

El parlamentario aclaró que lo anterior no se aplicaría para quienes ejercen determinados cargos públicos, “pero sí para el ciudadano que se puede ver en dificultades una vez que se difunde información falsa o datos personales que no quiere.”

Fundamentos.-

Vale señalar que para sustentar su fallo, los magistrados de la citada Sala consideraron que mantener la noticia en cuestión en los registros de búsqueda durante más de una década afecta a derechos fundamentales de la persona afectada y mencionada en la noticia y por lo tanto “su derecho a la honra y una adecuada reinserción social después de cumplida la pena del delito”. Para justificar su decisión, se apoyaron en el artículo 19 nº4 de la Constitución Política que garantiza “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia” así como en otros artículos del Código Procesal Penal de este país, subrayando que el ejercicio de l derecho al olvido digital es una tendencia mundial y se ampara también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

El proyecto de ley impulsado por Chahuán, tal como este fallo, arguye los fundamentos aportados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya sentencia en el “caso Costeja”, originó esta doctrina.

Dicho Tribunal señaló que “un tratamiento de datos personales efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la búsqueda realizada, sirviéndose de ese motor se lleva a partir del nombre de una persona física, toda vez que permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona que se trate”.

El mismo fallo sostiene que “el interesado puede oponerse a la indexación de sus datos personales por un motor de búsqueda cuando la difusión de esos datos por la intermediación de éste le perjudica y de que sus derechos fundamentales a la protección de dichos datos y de respeto a la vida privada que engloban el “derecho al olvido” prevalecen sobre los intereses legítimos del gestor de dicho motor y el interés general en la libertad de información.